El proceso de eliminación de antecedentes penales es el que se utiliza cuando una persona ha sido acusada por un delito y el mismo surge en el sistema de la policía como una convicción que esta persona ha tenido. Hay 2 tipos de delitos: los graves y los menos graves.
En los delitos menos graves la eliminación se puede solicitar luego de pasados los 6 meses de haber extinguido la sentencia. Este proceso se hace mediante declaración jurada ante un notario y presentando de la misma forma la sentencia certificada y el antecedente penal que surge el delito.
Si el delito es de naturaleza grave tienen que haber pasado más de 5 años desde que extinguió la sentencia. Este proceso es mucho más complejo ya que requiere completar una serie de pasos adicionales.
Si la convicción es por un delito grave, es necesario radicar un escrito en el tribunal por un abogado mediante el sistema de radicación electrónica. Entiéndase de forma parecida a la radicación de una demanda, lo cual conlleva también gastos de radicación. En este escrito se tienen que incluir, aparte de una petición juramentada por el peticionario, 3 declaraciones juradas de testigos que den fe de la buena reputación de la persona. Estos testigos tienen que ser de la comunidad donde este vive.
Se tiene que incluir la sentencia certificada, la cual se obtiene en el tribunal que sentenció a la persona. También se tiene que incluir el certificado de cumplimiento, el cual lo emite la oficina de técnicos sociopenales donde la persona hizo su probatoria o haya cumplido su pena en cárcel. Se tienen que incluir también los antecedentes penales que surge el delito que quiere eliminar, así como identificación y seguro social.
Luego de radicar el escrito, el ministerio público expondrá su posición. El tribunal citará a vista para ver si la persona cumple con todos los elementos necesarios.
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El licenciado Omar Domínguez se ha desempeñado en el campo de derecho criminal por casi 20 años. Fue fiscal del Departamento de Justicia por alrededor de 15 años. Trabajó en las fiscalías de Humacao, Carolina, San Juan, y la unidad especializada de crimen organizado. También fue fiscal del grupo antidrogas. Trabajó en el prestigioso bufete Martínez, Odell y Calabria de Hato Rey; y en la práctica privada en el ámbito de derecho de familia, daños y perjuicios, entre otros.
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